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Sánchez hace campaña desde el BOE: cuela un ataque al PP en la Ley que ampara los piquetes violentos

Pedro Sánchez BOE
La Ley Orgánica 5/2021 publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes la Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, que supone la despenalización de los piquetes violentos. Lo más llamativo es que en el preámbulo de dicha Ley el Gobierno de Pedro Sánchez aprovecha para atacar directamente al Partido Popular. Una circunstancia inédita, y que cobra aún más significado en plena campaña para las elecciones del próximo 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

Así, se puede leer: «Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno».

El Ejecutivo de PSOE- Podemos prosigue arremetiendo contra la reforma laboral de los ‘populares’ que, señala, «prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos». «No pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno».

La agresividad contra el principal partido de la oposición, aprovechando un texto legislativo, ha sido criticada por el Partido Popular.

«No tienen límites: hoy el BOE publica una Ley impulsada por Sánchez y apoyada por sus socios que incluye ¡lo nunca visto! una crítica política al PP en una exposición de motivos. Despenalizan la violencia de los piquetes e institucionalizan el sectarismo. ¿Gobernar en serio?», se pregunta Enrique López, secretario de Justicia y Administraciones Públicas del PP.

También desde Vox se ha criticado el uso político de una Ley para atacar a la oposición.

El pasado 11 de marzo el Gobierno culminó en el Congreso su intromisión en el derecho de los trabajadores a no hacer huelga suprimiendo el artículo 315.3 del Código Penal, que establecía que «quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses».

Desde el PSOE se defendió que la derogación es «una de las deudas históricas con el sindicalismo», olvidando el derecho al trabajo. El Gobierno ha aumentado este año un 56% las subvenciones a los sindicatos.

«Estamos inmersos en una crisis pavorosa. Ustedes que tanto dicen escuchar a la calle tienen miedo a la calle, a la reacción de los trabajadores ante su manifiesta incompetencia y necesitan comprar la paz social», criticó el diputado del PP Jaime de Olano. Desde Vox se avisó de que «la propuesta puede traer consecuencias indeseables sesgando la libertad de los trabajadores».

En la tramitación de la Ley, el partido de Santiago Abascal presentó una enmienda -rechazada- en la que pedía precisamente eliminar dicha referencia de la exposición de motivos.

«La presente enmienda de modificación busca expulsar de lo que está llamado a ser la exposición de motivos de una Ley orgánica (que, como señala Sala Sánchez, «constituyen la primera manifestación de la ley como fuente jurídica» y «se singularizan ostensiblemente del resto de normas que conviven con las leyes») valoraciones características del debate político y del sectarismo patológico, y en absoluto propias de una democracia saludable», señalaba Vox. El PP, por su parte, también criticó el ataque durante el debate parlamentario.

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